La protección de las infraestructuras críticas (IC) es uno de los desafíos más importantes del siglo XXI. Este ecosistema, que incluye activos físicos y virtuales, es en gran parte propiedad y está operado por el sector privado. Por esta razón, la seguridad privada no es simplemente un servicio adicional, sino un componente vital de una estrategia de seguridad nacional integral.
El concepto de seguridad privada ha evolucionado más allá del modelo obsoleto de «guardias y puertas». Hoy en día, se basa en un marco sofisticado y tecnológicamente avanzado de disuasión, detección, retraso y respuesta.
- Disuasión: Se logra con medidas visibles como vallas perimetrales, señalización y patrullas, con el objetivo de desalentar posibles amenazas.
- Detección: Los sistemas modernos van más allá de los sensores de movimiento. Las empresas de seguridad privada utilizan cámaras con inteligencia artificial (IA) que distinguen entre actividades rutinarias y amenazas reales, lo que reduce las falsas alarmas.
- Retraso: Los sistemas de seguridad y los diseños arquitectónicos, como puertas reforzadas y barreras físicas, están diseñados para ralentizar el progreso de un intruso, dando tiempo a los equipos de seguridad y a las fuerzas del orden para responder.
- Respuesta: Implica la acción crucial de los guardias de seguridad en el lugar, respaldados por redes de comunicación y protocolos de emergencia.
Este enfoque de defensa en capas es fundamental para contrarrestar la complejidad de las amenazas modernas.
Las amenazas a las infraestructuras críticas han evolucionado para incluir ataques híbridos que utilizan medios tanto físicos como digitales. Un ataque físico a un transformador o un ciberataque a una red pueden tener efectos catastróficos. Es en este contexto que la seguridad física juega un papel crucial en la ciberseguridad. Los guardias de seguridad restringen y monitorean el acceso a áreas sensibles como centros de datos y salas de servidores, lo que previene que un ataque digital sea iniciado a través de un acceso físico.
Dado que la mayoría de las infraestructuras críticas son propiedad del sector privado, la colaboración con las fuerzas del orden públicas no es solo beneficiosa, sino indispensable. Las empresas de seguridad privada actúan como un multiplicador de fuerza para las agencias de policía. Mientras la policía se enfoca en problemas de seguridad pública más amplios, las firmas privadas pueden proporcionar una presencia constante y dedicada en ubicaciones específicas.
Un desafío para esta colaboración es la renuencia del sector privado a compartir información sensible. Sin embargo, existen mecanismos legales, como el Programa de Información de Infraestructura Crítica Protegida (PCII), que protegen los datos compartidos de solicitudes de divulgación pública.
El marco de seguridad de Colombia es un excelente ejemplo de cómo se puede formalizar y fortalecer la colaboración entre el sector público y privado. El
Decreto 338 de 2022 establece un mandato legal de colaboración en ciberseguridad para infraestructuras críticas. Este decreto no solo alienta la cooperación, sino que la hace una obligación legal, asegurando que todas las partes cumplan con un estándar común de respuesta ante incidentes.
Iniciativas como la Policía Comunitaria de Bogotá demuestran cómo la colaboración con la policía nacional y las partes interesadas privadas puede conducir a una reducción del crimen y a una mejora de la percepción pública de la seguridad.
La seguridad privada ha evolucionado de un rol limitado a una posición de defensor de primera línea. Su experiencia, capacidades tecnológicas y presencia enfocada son vitales para la seguridad de las infraestructuras críticas. Formalizar esta asociación a través de marcos legislativos como el de Colombia es un paso necesario para construir una seguridad y resiliencia nacional sólidas.
