En el volátil panorama político contemporáneo, la seguridad de los líderes y candidatos se ha convertido en una preocupación primordial, especialmente en regiones donde la violencia política y la injerencia del crimen organizado son realidades palpables. El reciente atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay en un parque de Bogotá, donde se encontraron casquillos de bala de al menos dos armas diferentes, incluyendo una pistola Jericho de origen no esclarecido y seis vainillas de una pistola Glock, hallada en poder de un menor de edad señalado como sicario, pone de manifiesto la sofisticación de las amenazas y la necesidad crítica de esquemas de seguridad robustos y bien diseñados. La violencia política electoral ha escalado, afectando no solo la integridad física de los actores políticos, sino también la dinámica electoral y la confianza ciudadana en el proceso democrático.
Los políticos en campaña son blanco de un amplio espectro de amenazas, que incluyen homicidios, secuestros, agresiones, intimidación y coacción electoral. Estos actos violentos buscan eliminar oponentes, manipular resultados electorales mediante el miedo y la coerción, y deslegitimar el proceso democrático al excluir a la población del ejercicio de sus derechos cívicos. La intervención de grupos del crimen organizado en los procesos electorales, incluso posicionando a sus propios miembros como candidatos, ha transformado la política, creando un ambiente de inseguridad que afecta la participación electoral. Los candidatos locales son particularmente vulnerables, ya que su victoria puede amenazar directamente los intereses de estos grupos.
Un factor crítico en la planificación de ataques por parte de grupos criminales es la vigilancia previa. Los atacantes buscan información sobre la facilidad de acceso al objetivo, el nivel de seguridad en su trabajo, residencia y otros lugares frecuentes, su conciencia de seguridad y la protección física que recibe. Es crucial entender que las rutinas y patrones de comportamiento predecibles facilitan esta planificación.
Un esquema de seguridad efectivo para políticos en campaña debe ser integral, proactivo y adaptable, basándose en un diseño meticuloso que abarque diversas áreas:
- 1. Evaluación de Riesgos y Amenazas (Análisis de Seguridad)
- Identificación de Activos: El primer paso es identificar claramente lo que se busca proteger. Esto incluye a las personas (el político, su familia, su equipo), los procesos (campañas, eventos), la infraestructura (residencias, oficinas, vehículos) y la información (horarios, estrategias).
- Análisis Continuo y Detallado: Se requiere una evaluación constante de posibles amenazas, considerando el perfil del protegido (posición social, patrimonio, ideologías, rutina, relaciones personales/comerciales), el historial de incidentes, los índices de criminalidad de la zona y el modus operandi de los delincuentes.
- Marcha Exploratoria de Seguridad (MES): Consiste en un recorrido físico de las instalaciones y rutas para identificar activos, problemáticas de seguridad, perjuicios previos, fortalezas de seguridad existentes y experiencias pasadas. Esto se complementa con entrevistas a actores relevantes para obtener más información sobre la seguridad física y tecnológica. La MES debe culminar en una lista consensuada de activos a proteger.
- 2. Alerta Temprana y Medidas Proactivas
- La alerta temprana busca neutralizar ataques lejos del ejecutivo, tanto en tiempo como en espacio, identificando problemas o amenazas potenciales en sus etapas iniciales.
- Esto implica monitoreo en tiempo real, análisis de datos, monitoreo de redes sociales y el reconocimiento de indicadores previos al ataque, como comportamientos sospechosos o vigilancia.
- Es fundamental la Seguridad Operacional (OPSEC), que consiste en identificar qué información es valiosa para los criminales y tomar medidas para protegerla. Esto incluye evitar hablar de asuntos sensibles en público, variar las rutas y hábitos de desplazamiento y controlar el acceso a información confidencial.
- 3. Personal de Protección (Oficiales de Protección Personal – OPP)
- Los OPPs deben ser profesionales altamente capacitados en evaluación de amenazas, planificación, comunicación, gestión de crisis y técnicas de intervención física.
- La discreción y la ética profesional son cualidades primordiales, incluyendo la confidencialidad de la información del protegido y evitar comentarios públicos que revelen su presencia o la estrategia de seguridad.
- El trabajo en equipo es esencial para una reacción coordinada y eficiente ante un ataque.
- El despliegue y la actuación del personal deben ser resultado directo del estudio y análisis de riesgos, definiendo precisamente sus funciones y consignas.
- La preparación física y mental del OPP es crítica para enfrentar situaciones de estrés y tomar decisiones rápidas y acertadas.
- El uso de la fuerza por parte de los OPPs está sujeto a principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución, permitiendo la defensa propia o de terceros ante una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.
- 4. Seguridad Física y Tecnológica
- Barreras físicas: Diseño de instalaciones con muros, cercas, sistemas de control de acceso que sirvan para disuadir, retardar y proteger contra el acceso no autorizado.
- Refugios seguros o «safe rooms»: Establecer y fortalecer una «habitación segura» en la residencia u oficina como último recurso, equipada con comunicaciones separadas, suministros básicos y reforzada estructuralmente.
- Tecnología: Uso de sistemas de videovigilancia (CCTV) con reconocimiento inteligente, alarmas, sistemas de detección de intrusos, vehículos blindados, GPS, dispositivos de apoyo (botón de apoyo) y comunicaciones seguras/encriptadas. El vehículo blindado es tanto un medio de transporte como de escape y punto de seguridad.
- Procedimientos de búsqueda: Establecer protocolos para la revisión exhaustiva de vehículos y locales antes del ingreso o movimiento del protegido, incluyendo la identificación de explosivos.
- 5. Procedimientos y Protocolos Operativos (PSO)
- Un Plan Sistemático de Operaciones (PSO) es crucial para definir las contramedidas y escenarios de emergencia. Este documento debe contemplar todos los recursos, apoyos y actividades diarias.
- Planificación de Rutas: Selección de rutas primarias y alternativas seguras, evitando zonas de alto riesgo o congestión, y realizando reconocimientos previos. Las rutas deben ser flexibles para adaptarse a cambios imprevistos.
- Procedimientos para Traslados: Definir protocolos detallados para desplazamientos a pie, en vehículo blindado y en eventos públicos, incluyendo formaciones de seguridad («diamante», «cuña», «caja»), puntos de encuentro y cómo actuar ante emboscadas o intentos de secuestro.
- La técnica «Anunciar, Cubrir y Evacuar» es un principio fundamental para la respuesta inmediata del equipo de seguridad ante una amenaza.
- Manejo de Crisis: Establecer planes de contingencia para diferentes escenarios (ataques, accidentes, emergencias médicas, amenazas de bomba) y capacitar al personal para una respuesta rápida y eficiente.
- Procedimientos Embus/Debus: Protocolos de embarque y desembarque para maximizar la seguridad al entrar y salir de vehículos.
- 6. Coordinación y Articulación Interinstitucional
- La colaboración con las autoridades locales y nacionales, como el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Colombia, es crucial para el intercambio de información, apoyo logístico, aprobación de protocolos y gestión de crisis. La UNP tiene como objetivo proteger a personas en situación de riesgo extraordinario o extremo debido a sus funciones políticas.
- Las políticas de prevención y protección deben integrarse en los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), asegurando la asignación de recursos económicos para su implementación.
El diseño e implementación efectiva de estos esquemas de seguridad no solo salvaguarda la vida y la integridad de los actores políticos, sino que es indispensable para fortalecer el sistema democrático. La violencia política desincentiva la participación electoral, genera desconfianza en las instituciones y compromete el libre ejercicio de los derechos políticos. Al garantizar la seguridad de los candidatos y votantes, se promueve una mayor participación electoral y se refuerza la legitimidad de las elecciones.
El diseño de un esquema de seguridad para políticos en campaña es una tarea compleja que exige una planificación meticulosa, el uso de tecnología avanzada y la presencia de personal altamente capacitado y ético. Es un compromiso proactivo que busca anticipar y prevenir las amenazas antes de que se materialicen, garantizando la seguridad de los individuos y, en última instancia, la solidez y la continuidad de los procesos democráticos. La cooperación constante entre el protegido, el equipo de seguridad y las autoridades es la clave para mitigar los riesgos y asegurar un entorno político donde la violencia no coarte la participación ni la libertad.
