La provisión de servicios de seguridad privada está intrínsecamente ligada a la posibilidad de recurrir al uso de la fuerza para garantizar la seguridad de sus clientes y la propiedad bajo su protección. Sin embargo, esta capacidad conlleva riesgos inherentes de abusos y conductas impropias, con potenciales impactos graves en los derechos humanos. En este contexto, la toma de decisiones racional se erige como un pilar fundamental para guiar las acciones de los proveedores de seguridad privada (PSP) al enfrentarse a situaciones que puedan requerir el uso de la fuerza.
Toda situación problemática en el ámbito de la seguridad implica un conflicto que demanda una decisión sobre el curso de acción a seguir para su resolución. Las alternativas de respuesta deben ser valoradas no solo por su utilidad y conveniencia, sino también por su eficacia y su ajuste al código de ética profesional. La facultad de decidir convierte al individuo en un agente capaz de obrar, analizando posibilidades y seleccionando cursos de acción basados en los resultados esperados y la razón. No obstante, esta elección se realiza en un entorno de incertidumbre y riesgo, tanto subjetivo para quien decide como objetivo por las posibles consecuencias nocivas.
En el caso específico de los PSP, la base legal que justifica el uso de la fuerza se fundamenta principalmente en el derecho personal a la defensa propia y la defensa de terceros, a menos que la legislación nacional les otorgue competencias más amplias. Esta distinción es crucial, ya que difiere del mandato de las fuerzas de orden público, cuya función primordial es hacer cumplir la ley. Por lo tanto, los PSP deben guiarse por principios fundamentales al tomar decisiones sobre el uso de la fuerza:
- Legalidad: Cualquier uso de la fuerza por parte de los PSP debe contar con autorización legal y estar limitado por la legislación y normativas nacionales e internacionales pertinentes.
- Necesidad: El uso de la fuerza debe ser la única alternativa viable para alcanzar un resultado legítimo, como la defensa de la vida o la prevención de lesiones corporales graves. Se debe recurrir, en la medida de lo posible, a medios no violentos. Este principio debe interpretarse de forma más restrictiva para los PSP que para las fuerzas de orden público, dada la limitación de sus competencias.
- Proporcionalidad: Cualquier uso de la fuerza debe ser proporcional a la amenaza sufrida, valorando el daño esperable frente al beneficio esperado en la neutralización de la amenaza. El daño resultante del uso de la fuerza solo es justificable si permite la neutralización de una amenaza sobre la vida de una persona.
- Precaución: Se debe realizar una planificación cuidadosa para evitar al máximo el uso de la fuerza y minimizar los riesgos para terceros. Esto incluye el escrutinio previo y la formación del personal, la dotación de equipos adecuados (incluyendo opciones menos letales) y el cumplimiento de estándares y políticas apropiadas.
La aplicación práctica de estos principios se materializa a través de un esquema de uso progresivo de la fuerza. Este esquema implica una respuesta gradual y adaptada a la amenaza, comenzando con la presencia disuasoria, advertencias verbales, control sin armas, métodos y armas menos letales, advertencia del uso de fuerza letal y, como último recurso, el uso de fuerza letal para contrarrestar una amenaza inminente para la vida. La toma de decisiones en cada etapa debe ser dinámica y orientada a aliviar tensiones.
Es fundamental que el personal de seguridad privada reciba una formación adecuada y efectiva sobre la legislación vigente, los derechos humanos y los estándares internacionales aplicables al uso de la fuerza. Esta formación debe abarcar tanto la teoría como casos de estudio y simulaciones de escenarios reales para desarrollar la capacidad de tomar decisiones tácticas en situaciones apremiantes. Asimismo, la planificación operativa debe ser exhaustiva, buscando prevenir situaciones que requieran el uso de la fuerza a través de la evaluación de riesgos y la adopción de un enfoque preventivo. La coordinación con las fuerzas de seguridad pública antes de desarrollar operaciones donde pueda ser necesario el uso de la fuerza es también un elemento crucial para una toma de decisiones informada y para evitar usos ilegítimos de la fuerza.
Finalmente, la rendición de cuentas es esencial para garantizar la transparencia y la justicia en caso de incidentes relacionados con el uso de la fuerza. Los Estados deben establecer mecanismos judiciales y extrajudiciales para la gestión de denuncias y la aplicación de las responsabilidades correspondientes. Las empresas de seguridad privada también deben contar con mecanismos internos de denuncia accesibles y efectivos.
La toma de decisiones racional en el uso de la fuerza por parte de los PSP no es un acto automático, sino el resultado de la aplicación de principios legales y éticos, la evaluación cuidadosa de la necesidad y la proporcionalidad, el seguimiento de un esquema progresivo de la fuerza, una formación rigurosa y una planificación operativa preventiva. Solo a través de este enfoque se puede garantizar que el uso de la fuerza por parte de la seguridad privada se realice de manera legítima, responsable y respetuosa de los derechos humanos.
